EEUU atacando posiciones Houthi en Yemen. Fuente de la imagen: U.S. Air Force – Dominio público
El 24 de marzo, el país se enteró de que un grupo de altos funcionarios de la administración Trump (incluidos el vicepresidente, el secretario de Defensa y el director de Inteligencia Nacional, entre otros) enviaron accidentalmente detalles clasificados de ataques militares contra Yemen a Jeffrey Goldberg, editor de The Atlantic. Desde que Goldberg dio a conocer la historia, ha habido un flujo constante de comentarios sobre el «Signalgate», la mayoría añadiendo poco más que ruido y furia. El discurso público sobre el Signalgate revela algo importante sobre la política estadounidense, mucho más importante que la incompetencia en el centro del escándalo. Lo que rara vez se ha mencionado durante la conversación nacional es el elefante en la habitación: los ataques de Estados Unidos a Yemen violan el derecho internacional y contribuyen a una de las crisis humanitarias más importantes del mundo.
La pesadilla de la clase dirigente de Washington es que por fin abramos los ojos ante los crímenes reales y documentados que se cometen en un país que la mayoría de los estadounidenses no puede encontrar en un mapa. Sería difícil exagerar el grado de brutalidad y sufrimiento que Estados Unidos ha endilgado al pueblo de Yemen.Y es imposible separar el enfoque estratégico de Estados Unidos hacia Yemen de su apoyo a la embestida genocida en Palestina. En el primer año de la campaña de terror brutalmente unilateral en la Franja de Gaza, Estados Unidos dio miles de millones en armas y otras ayudas a Israel, sin hacer preguntas. Según el proyecto Costs of War de la Universidad Brown:
El gasto de Estados Unidos en operaciones militares de Israel y otras operaciones estadounidenses relacionadas en la región asciende al menos a 22.760 millones de dólares y subiendo. Esta estimación es conservadora; si bien incluye la financiación de asistencia a la seguridad aprobada desde el 7 de octubre de 2023, la financiación suplementaria para las operaciones regionales y un coste adicional estimado de las operaciones, no incluye ningún otro coste económico.
William Hartung, investigador principal del Quincy Institute for Responsible Statecraft, añade que las ofertas de armas durante este periodo (es decir, más allá de los 17.900 millones de dólares en ayuda militar, incluidos los artículos que aún no se han entregado) ascienden a más de 30.000 millones de dólares. Los Houthis de Yemen han hostigado las rutas marítimas en respuesta al genocidio apoyado por Estados Unidos en la Franja de Gaza, lo que llevó a la administración Biden a reasignar al grupo a su espuria lista de terroristas. Washington ha justificado con frecuencia sus crímenes contra el pueblo de Yemen señalando la amenaza de Irán, tratado como Estado patrocinador del terror.La primera administración Trump, citando una emergencia de seguridad nacional creada por Teherán, se apresuró a entregar armas a los saudíes en contra de la preocupación generalizada por la seguridad de los civiles -miembros del gobierno de Trump fueron despedidos por plantear preocupaciones-. Cabe preguntarse: ¿qué es un Estado patrocinador del terrorismo? Tal como se ha aplicado a los acontecimientos del mundo real, la noción en sí es incoherente e ininteligible, es decir, es propaganda destinada a confundir y engañar a los cómodos estadounidenses. Para dar sentido a esta norma es necesario que nos enfrentemos a hechos incómodos y, sobre todo después de sus acciones ilegales contra Palestina y Yemen, Estados Unidos debe ser considerado el principal patrocinador del terrorismo en el mundo.
Estados Unidos ha matado a no menos de 61 personas desde que comenzó una nueva ronda de ataques el 15 de marzo, pero sus temerarios ataques y su desprecio por la vida civil se remontan a más de dos décadas. Estados Unidos comenzó por primera vez las operaciones con aviones no tripulados y los ataques aéreos en Yemen en 2002, causando «importantes daños a civiles, y nadie ha rendido cuentas por estas acciones». Según el Global Centre for the Responsibility to Protect, sólo los ataques aéreos de la coalición han matado a casi 20.000 civiles, de los cuales más de 2.300 eran niños. Al menos 4 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse. En la actualidad, Yemen es uno de los países más pobres y devastados por la guerra del mundo.Debemos ser claros sobre lo que está ocurriendo en Yemen, porque nuestros medios de comunicación están empeñados en ocultar la verdad: la política intencionada de Estados Unidos ha sido matar de hambre a Yemen, y bombardear a su pueblo cuando no se le puede matar de hambre. Cuando Washington quiere matar a un número masivo de personas inocentes sin una acción militar -para asegurarse de que no tengan alimentos, medicinas, energía y otras necesidades vitales- utiliza un programa de bloqueos económicos a escala mundial, racionalizado con vagos gestos hacia el «terrorismo». Durante años, el gobierno estadounidense ha privado a la población yemení de lo mínimo necesario para sobrevivir, al tiempo que atacaba y destruía infraestructuras críticas. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, más de «18,2 millones de personas necesitan urgentemente ayuda humanitaria y servicios de protección», y 5 millones se encuentran en condiciones de inseguridad alimentaria aguda. Cerca de 10 millones de niños yemeníes necesitan algún tipo de ayuda humanitaria. La guerra apoyada por Estados Unidos y el bloqueo han creado un desastre económico en Yemen. El verano pasado, un informe del Banco Mundial afirmaba que en los años comprendidos entre 2015 y 2023, Yemen perdería más de la mitad (54 por ciento) de su PIB real por persona, lo que sumiría a la mayoría de la población del país en una pobreza extrema.
El lenguaje en torno al «terrorismo» es fundamental para los intentos de Washington de controlar la narrativa y conjurar el apoyo público -o al menos la ignorancia pública- de su campaña manifiestamente ilegal en Yemen. Como señaló recientemente Phyllis Bennis, los ataques estadounidenses en Yemen «siempre se denominan ‘bombardeos contra los rebeldes Houthi respaldados por Irán’ para evitar reconocer que, al igual que en Gaza, las bombas están cayendo sobre infraestructuras civiles y sobre civiles que ya se enfrentan a una hambruna devastadora».
Yemen y Palestina han puesto a prueba los límites del sistema imperial: ¿a cuántas mujeres y niños inocentes podemos liquidar antes de que los estadounidenses ensimismados, que miran Netflix sin pensar y comen basura pestañeen? Aparentemente, muchas. La historia de The Signal es la narrativa aparentemente anti-Trump perfecta para las clases parlanchinas: ni siquiera tienen que fingir que defienden una posición progresista contraria a Trump. Mientras residentes legales que no han infringido ninguna ley son desaparecidos de nuestras calles por oponerse a un genocidio en Palestina -totalmente apoyado por ambas alas de la clase dominante-, la clase dominante puede centrar nuestra atención y lealtades en la justa misión militar de Estados Unidos.
El imperialismo es la fe compartida de la clase dominante porque todo el sistema económico y social estadounidense depende de él -las golosinas baratas que nos pacifican y ocultan las verdaderas características del sistema de producción: el robo de tierras, el trabajo esclavo, la extracción de recursos naturales, el opresivo régimen de «propiedad intelectual» que entrega las propias ideas a rentistas corporativos privilegiados. Si alguna vez se cuestionan las guerras eternas, toda la ideología gobernante y el paradigma político quedan expuestos al escrutinio. Y no pueden sobrevivir a una mirada más atenta, porque representan el comportamiento criminal en su forma más desvergonzada.
El salvajismo de Washington en Yemen, y la extraña reacción de la prensa corporativa al respecto, apuntan a una profunda crisis moral y a una pérdida de rumbo en Estados Unidos. Parece que somos incapaces de enfrentarnos a la influencia maligna del gobierno en el mundo y a sus violaciones casi constantes de los principios más fundamentales del derecho internacional. Pero no entenderemos el fascismo MAGA como fenómeno social y político hasta que veamos claramente su conexión con el imperio estadounidense y sus crímenes contra personas inocentes, incluidas las de Yemen.
David S. D’Amato es abogado, empresario e investigador independiente. Es asesor político de la Fundación Futuro de la Libertad y colaborador habitual de opinión de The Hill.Sus escritos han aparecido en Forbes, Newsweek, Investor’s Business Daily, RealClearPolitics, The Washington Examiner y muchas otras publicaciones, tanto populares como académicas. Su trabajo ha sido citado por la ACLU y Human Rights Watch, entre otros.
La creciente ola de fascismo y violencia política organizada de la derecha, en particular la movilización de las fuerzas de la derecha callejera, como los Proud Boys y los Oathkeepers, han devuelto la cuestión de la autodefensa al centro de las preocupaciones anarquistas y antifascistas. Esto se ha vuelto más candente tras la brutal movilización fascista y la violencia en Charlottesville, Virginia, en agosto. El asesinato allí de Heather Heyer por un neonazi da a la cuestión de la autodefensa una importancia de vida o muerte.
El período actual demuestra la necesidad ineludible de que los anarquistas se dediquen a la formación en autodefensa. Pero también demuestra que esto es insuficiente si se queda en una base individual. El contexto actual de las crecientes mareas de amenazas de la alt-right subraya la necesidad de la autodefensa sobre una base colectiva y organizada de ayuda mutua y solidaridad.
Ya existen algunas formas de defensa colectiva a las que los anarquistas pueden recurrir. Una de las más conocidas entre los anarquistas en los últimos años ha sido la táctica del Black Bloc [Bloque Negro]. Se originó como un medio para contrarrestar a los fascistas y la policía en Alemania en la década de 1980, donde proporcionó una defensa crucial para las ocupaciones ilegales que fueron objeto de interrupción o ataque por ambos.
Obviamente, el Black Bloc en Norteamérica ha sido muy eficaz en manifestaciones y protestas callejeras. Pero no se traduce directamente en la defensa cotidiana del vecindario. Llevar una máscara o un pañuelo negro no es la mejor manera de presentarse o congraciarse con los vecinos. El anonimato necesario en las manifestaciones callejeras es contraproducente, incluso contraproducente, en el contexto de la construcción de la solidaridad y la protección del vecindario.
La organización anarquista contra los fascistas y los grupos de supremacía blanca en el periodo comprendido entre los años 80 y principios de los 2000 fue llevada a cabo en gran medida por Anti-Racist Action (ARA), fundada en Minneapolis. Agrupaciones de ARA actuaron en numerosas ciudades de Norteamérica.
ARA se organizó en gran medida como una fuerza reactiva de lucha callejera de antirracistas dispuestos a correr riesgos enfrentándose a los fascistas cuando se reunían públicamente o en actos como conciertos. Aunque no estaba regimentada ni entrenada militarmente como fuerza de combate para la autodefensa, la ARA estaba formada por personas comprometidas dispuestas a luchar para acabar con la presencia pública fascista. Aunque algunos miembros de la ARA practicaban artes marciales, no siempre era el caso de que la ARA en su conjunto realizara un entrenamiento sistemático. Tampoco se organizaban sobre la base de formaciones de defensa permanente. La acción tendía a ser espontánea y reactiva.
La dependencia de la defensa reactiva o espontánea es a menudo el caso de las acciones antifascistas actuales, llevadas a cabo mediante respuestas rápidas a los fascistas. En los asaltos libres contra ellos, como las cargas frontales, hay poca preparación estratégica o táctica o poca disciplina.
A lo largo de los años, ha habido varios proyectos de entrenamiento en artes marciales entre activistas, espacios y comunidades anarquistas y antifascistas. En el Espacio Libre Anarquista y en la Escuela Libre de Toronto, esto se ofreció junto con clases sobre anarquismo. Cabe destacar que los participantes y miembros del colectivo Free Skool tenían la sensación de que los cursos de artes marciales eran menos necesarios o relevantes que los teóricos e históricos.
Para algunos anarquistas, otra práctica de autodefensa adopta la forma de patrullas de vigilancia policial. La vigilancia policial consiste en la observación organizada desde abajo de las autoridades, en contraposición a la vigilancia desde arriba por parte de las autoridades.
En Surrey, cerca de Vancouver, hemos puesto en marcha equipos de copwatching para grabar, documentar y dar a conocer las acciones violentas de los agentes de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) y de los agentes municipales encargados de hacer cumplir la ley contra los sin techo. A medida que se han dado a conocer estas acciones, la policía ha cambiado considerablemente sus actuaciones, volviéndose menos abusiva. Al menos un agente de policía ha sido expulsado.
Una base para la defensa
La base estructural para una organización de defensa ya la proporciona el ejemplo de la escuadra volante laboral utilizada por los Trabajadores Industriales del Mundo (IWW) a principios del siglo XX. Una fuerza de defensa de este tipo podría movilizarse rápidamente a través de una lista telefónica accesible a todos los miembros.
No sólo permite un despliegue rápido, sino que también se basa en relaciones preexistentes de confianza y acción. Los miembros se conocen entre sí y tienen importantes experiencias de trabajo conjunto durante acciones políticas, protestas y/o huelgas y piquetes en el lugar de trabajo. También suelen tener relaciones de actividad y confianza con personas de otros movimientos sociales y organizaciones comunitarias, como grupos de lucha contra la pobreza o de defensa de los inmigrantes. Tal fue el caso en Toronto, con varias brigadas volantes, tanto sindicales como autónomas, y relaciones con la Coalición de Ontario contra la Pobreza.
La formación puede extenderse a toda una comunidad o barrio, proporcionando así espacios y prácticas de construcción de la solidaridad. A mayor escala, pueden ofrecer alternativas a las intrusiones estatistas en las comunidades. Para ello habría que desarrollar la autodefensa sobre una base comunitaria más amplia y regular.
Autodefensa y ayuda mutua
La autodefensa comunitaria es una expresión importante de la ayuda mutua, el impulso anarquista básico y el principio de organización.
La solidaridad sobre esta base va más allá de la dependencia del Estado para la protección o la respuesta a la crisis. Ayuda a las personas a desarrollar relaciones, habilidades y confianza para apoyar a los miembros de la comunidad en lugar de recurrir a las autoridades. También ayuda a romper el reflejo de recurrir al Estado para hacer frente a los problemas o amenazas sociales.
Los anarquistas no deben hacerse ilusiones de que pueden satisfacer satisfactoriamente las necesidades de protección de la comunidad en este momento. Hay mucho trabajo por hacer y muchas ciudades con movimientos anarquistas tienen capacidades mínimas de autodefensa. Este es un verdadero reto para los anarquistas.
Es imposible hablar significativamente de alternativas al Estado y proporcionar pruebas convincentes a la gente de que el anarquismo ofrece algo de una alternativa realista o práctica si estos recursos y capacidades no se desarrollan. No proporciona un puente desde el actual estado de cosas al anarquismo si tales necesidades no pueden ser satisfechas de manera anárquica.
Y deja a la gente poco convencida. Esto no quiere decir que deban alcanzarse plenas capacidades de autodefensa. Pero hay que trabajar más para acercarse a un nivel efectivo y convincente de atención comunitaria.
Los esfuerzos de autodefensa ofrecen un medio importante para acercar a los no anarquistas a las relaciones con los anarquistas. La gente se involucrará en los esfuerzos de protección contra los fascistas y/o contra la violencia policial incluso si no se han identificado como anarquistas, o nunca se verán como tales.
En la medida en que las redes sociales adquieren cada vez mayor protagonismo en la vida social y política, las grandes marcas, Twitter antes y ahora X, Facebook entre otras de menor importancia numérica en usuarios, los gestores directivos de estas por indicación de sus propietarios vienen realizando campaña de acoso y derribo hacia aquellos usuarios que denuncian y cuestionan la vulneración de derechos básicos de cualquier sociedad que se reivindique democrática.
La estrategia de censurar bloqueando cuentas de usuarios que no se ajustan a sus inconfesables y bastardos intereses, es una práctica habitual y generaliza. Conozco muchos casos de usuarios de FACCEBOK que fueron sus cuentas bloqueadas, sin ir más lejos, personalmente me han eliminado tres cuentas, y estas, después de que me restablecieran una de ella pasado algún tiempo, ahora nuevamente vuelven a bloquearla alegando que “soy menor de edad” y que no me ajusto a sus “normas”, y ello después de haber aportado copia de mi DNI. Evidentemente soy adulto y en ningún caso un menor de edad. En cuanto a sus normas, que por cierto se la pasan por las entrepiernas, al igual que los derechos más elementales y básicos individuales, a saber; libertad de expresión, de pensamiento, democráticos y, un largo compendio de valores, no pueden quedar sin respuesta.
Recientemente, animado por la campaña contra el neofascista de Elon Musk cancele la cuenta que tenia en X, campaña que se extendió contra otros intereses que el explotador multimillonario posee a lo largo y ancho de la geografía terráquea. Así que lectores, amigos y compañeros, el arma más eficiente de los expoliados, explotados y ninguneados es la SOLIDARIDAD, cualquier gesto y acción por muy “insignificante” que te parezca contribuye a contener la insaciable ambición de control y explotación de estos impresentables que se hacen llamar emprendedores.
El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 181, en virtud de la cual se acordaba dividir el Mandato británico de Palestina en dos Estados, uno judío y otro árabe. Pese a que los judíos poseían únicamente un 7% de las tierras palestinas en ese momento, la Resolución les otorgó el 55% del territorio, con el apoyo de Estados Unidos y la URSS – quien lo vio como una forma de debilitar a Gran Bretaña – y el rechazo de la comunidad árabe.
Esta decisión adoptada por las Naciones Unidas – en un momento histórico previo a la descolonización de la segunda mitad del siglo XX, en la que los países occidentales se encontraban sobrerrepresentados en la Asamblea General – sería interpretado por los líderes sionistas como una carta blanca para comenzar un brutal proceso de limpieza étnica que devastaría la región.
El Estado de Israel: vinculado con la limpieza étnica desde su nacimiento
El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclamó la independencia del Estado de Israel y los británicos abandonaron la región. Al día siguiente comenzó el proceso conocido como “Nakba” (“catástrofe”, en árabe), durante el cual las fuerzas “de defensa” israelíes borraron del mapa 500 pueblos, asesinaron a unos 13.000 árabes palestinos, expulsaron por la fuerza a unos 711.000 palestinos (muchos de las cuales se convirtieron en refugiados permanentes en Gaza, Cisjordania y Jordania) y negaron su derecho de retorno. 120.000 judíos ocuparon viviendas que habían pertenecido previamente a familias árabes desplazadas durante el primer año de la existencia de Israel. Y de las 156.000 árabes que permanecieron dentro de las fronteras israelíes, unas 75.000 fueron catalogadas de “presentes ausentes”, desposeídas de todos sus bienes y hogares y sometidas a la ley marcial.
Durante las décadas siguientes se produjeron tensiones entre Israel y los países vecinos, que en 1967 desembocaron en la Guerra de los Seis Días. Israel aprovechó la derrota de Egipto, Siria y Jordania para ocupar los territorios palestinos de Cisjordania y Jerusalén Este, desplazar a 350.000 palestinos y empezar a construir asentamientos ilegales sobre sus tierras (lo cual se considera un crimen de guerra, según el Derecho internacional). En la actualidad, el Estado sionista mantiene el control total del 67% de Cisjordania y los asentamientos de colonos año tras año siguen aumentando (actualmente hay más de 700.000 colonos en 279 asentamientos). Además, Israel ha desplegado puestos militares por toda la región, ha instaurado un régimen de apartheid y controla las principales vías de circulación e infraestructuras básicas como pozos de agua o terrenos agrícolas. Más de diez Resoluciones de la ONU condenan esta situación, pero Israel las ignora sistemáticamente, sin consecuencia alguna.
Un país colonial que comienza su andadura con estos terribles y violentos acontecimientos difícilmente podrá ser considerada como una fuerza del bien. Y, sin embargo, la historiografía oficial israelí y occidental de los años 50 a 70 consideró que los líderes sionistas buscaban una coexistencia pacífica con la población árabe, que los palestinos abandonaron voluntariamente sus hogares para huir de la guerra que los líderes árabes querían infligir sobre los judíos y que las historias de las masacres de la Haganá sobre civiles fueron altamente exageradas.
Sin embargo, a mediados de los 80 una nueva ola de historiadores, muchos de ellos israelíes – encabezados por Benny Morris – accedieron a documentos hasta entonces clasificados y llegaron a conclusiones diametralmente opuestas a la visión tradicional de su país: los líderes sionistas no tenían sed de paz, ni buscaban convivir con los palestinos, sino que aceptaron el Plan de Partición de la ONU de 1947 como un primer paso para hacerse con todo el territorio del Mandato británico y apoyaron las masacres como forma de hacerse con el control del mismo. Los pilares de Israel, desde su creación, son el racismo, el supremacismo judío y la desaparición de Palestina. Por ello, Ilan Pappé, uno de estos “nuevos historiadores” – exiliado desde hace años en Reino Unido tras recibir amenazas de muerte por sus compatriotas – calificó el proyecto sionista como una “limpieza étnica”.
Pese a que lo parece, la limpieza étnica no es una estrategia exclusivamente ultraderechista. Es cierto que el partido Likud, creado en los años 70 y liderado actualmente por Netanyahu, es el gran impulsor de este proyecto e incluye en sus documentos fundacionales la consideración del “derecho judío”, “eterno e indiscutible” a “la tierra” de la Palestina histórica. Pero las grandes crisis de refugiados de 1948 y 1967 fueron provocadas por gobiernos laboralistas de Ben-Gurión y Golda Meir, que también reivindican la ocupación y anexión ilegal del territorio palestino. En otras palabras, el problema de Israel no es que esté actualmente gobernado por fanáticos racistas, sino su existencia, vinculada a la violencia colonial.
El genocidio acelerado como penúltimo paso de la limpieza étnica
El 7 de octubre de 2023, Hamás y la Yihad Islámica lanzaron la Operación Inundación Al-Aqsa, matando alrededor de un millar de israelíes y secuestrando a centenares como venganza contra 75 años de brutal ocupación israelí y su régimen de apartheid, así como respuesta a los acontecimientos de los meses precedentes – en 2023 el gobierno de Netanyahu había aprobado construir 13.000 nuevas viviendas en Cisjordania y los ataques de colonos iban en aumento: quema de viviendas de familias palestinas, echar cemento a pozos, acoso y agresiones a agricultores, tala de olivos, etc. todo ello ante la pasividad y, en ocasiones, colaboración del ejército –.
Desde entonces, el ejército israelí ha llevado a cabo una incesante campaña de bombardeos e invasión terrestre sobre la población de Gaza, Cisjordania y Líbano. Según los datos oficiales del Ministerio de Salud palestino, el número de palestinos asesinados solo en Gaza desde octubre de 2023 es de 47.498 y el de heridos 111.592, si bien un estudio de la revista científica The Lancet de enero de 2025 sugiere que esas cifras se deberían incrementar en un 70%, por lo que el número real sería superior a 70.000 fallecidos. En otras palabras, llevamos quince meses presenciando una masacre en tiempo real, lo que Naomi Klein denomina un “genocidio ambiental”, porque han querido que lo normalicemos como si fuera un mero ruido de fondo. Es la primera vez que somos testigos de algo así y no podremos alegar en el futuro que no sabíamos nada.
Estado actual de la Franja de Gaza
Con estas cifras – que no tienen en cuenta las muertes relacionadas con la falta de acceso a servicios sanitarios, agua, alimentación o saneamiento – no es de extrañar que la relatora de la ONU para el conflicto palestino-israelí y cualquiera con dos dedos de frente consideren que los actos perpetrados por Israel durante el último año y medio sean constitutivos de un genocidio. De hecho, la Corte Internacional de Justicia actualmente investiga al Estado sionista por este delito y el Tribunal Penal Internacional ha ordenado la detención de diferentes dirigentes israelíes y de Hamás.
Sin embargo, un simple vistazo a la historia de los últimos 80 años de la región nos revela que los terribles ataques que lleva perpetrando Israel desde el 7 de octubre no son un hecho aislado o una respuesta al atrevimiento de Hamás, sino una lógica continuación de su plan preconcebido para acabar con el pueblo palestino y crear un Estado netamente judío que ocupe todo el territorio palestino. Es, en definitiva, el penúltimo paso del plan de limpieza étnica que se concibió desde la creación de este Estado.
“Los ataques de Hamás en octubre de 2023 fueron interpretados por sectores del Gobierno israelí como una oportunidad para impulsar la limpieza étnica”, escribe la periodista Olga Rodríguez en eldiario.es. “Por eso Netanyahu no priorizó la puesta en libertad de los rehenes israelíes ni una salida negociada y apostó por la destrucción masiva y por “una guerra santa de aniquilación”. Por eso cuando Israel ordenó el desplazamiento masivo de la gente del norte de Gaza hacia el sur muchas voces advertimos del riesgo de una nueva Nakba”.
Ataques contra profesionales sanitarios
En este medio ya hemos explicado que las fuerzas israelíes se han empleado con saña contra los periodistas que informan sobre el genocidio en Gaza, a fin de ocultar ante el mundo el genocidio que están perpetrando. Según el Committee to Protect Journalists, al menos 169 periodistas palestinos han sido asesinados en Gaza en el último año y medio. Al Jazeera eleva estas cifras a 217.
Sin embargo, existe otro colectivo profesional que ha sufrido incluso más ataques por parte del ejército israelí: el de los sanitarios. Según datos de Médicos Sin Fronteras y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al menos 1.057 sanitarios han sido asesinados y de los 36 hospitales de Gaza, 19 se han cerrado y de los 17 restantes ninguno funciona al 100%. Además, según Human Rights Watch, decenas de trabajadores de la salud han sido detenidos y han sufrido torturas y abusos sexuales durante meses.
La comunidad internacional, entre la inoperancia y la complicidad
Como decimos, llevamos año y medio asistiendo a un “genocidio ambiental” y tenemos motivos éticos, humanitarios y políticos para condenarlos. No confiamos en el Derecho Internacional – una herramienta creada por los Estados más poderosos para someter a los débiles e imponer su voluntad – pero también existen argumentos legales para oponerse. Pero, pese a ello, la ONU, la UE, los tribunales internacionales y la comunidad internacional se han mostrado cómplices en el peor de los caos, o incompetentes en el mejor de los mismos, para detenerlo. A pesar de las numerosas denuncias de organizaciones de derechos humanos y organismos de la ONU, las potencias occidentales han obstaculizado cualquier intento real de frenar la violencia. Estados Unidos, principal aliado de Israel, no solo ha bloqueado resoluciones en el Consejo de Seguridad de la ONU que pedían un alto el fuego inmediato, sino que ha seguido proporcionando asistencia militar y financiera, asegurando que el ejército israelí disponga de los medios necesarios para continuar su ofensiva. De manera similar, varios países de la Unión Europea han mantenido la venta de armas a Israel, mientras sus gobiernos se limitan a emitir declaraciones ambiguas que evitan cualquier condena contundente.
“Durante más de un año la ciudadanía europea y el mundo entero han visto cómo los dirigentes y medios de comunicación occidentales evitaban nombrar el apoyo y la complicidad activa de Washington en el genocidio israelí en Gaza. En un admirable esfuerzo malabarista hemos llegado a leer o escuchar afirmaciones políticas y periodísticas que atribuían al Gobierno de Biden hartazgo o enfado con Netanyahu, mientras seguía suministrándole armamento y apoyo político contundente. Los hechos han ido por un lado y el relato, demasiado a menudo, por otro. Como en la Inglaterra libre de George Orwell en Rebelión en la granja, “los hechos incómodos se pueden ocultar sin necesidad de ninguna prohibición oficial””, escribe Olga Rodríguez.
España ha sido un ejemplo de esta hipocresía. Aunque el gobierno de Sánchez ha expresado críticas moderadas sobre la violencia en Gaza (algo que la mayoría de potencias europeas no han hecho), denunciando el sufrimiento de la población civil y exigiendo pausas humanitarias, en la práctica no ha tomado medidas significativas para presionar a Israel. El gobierno español de PSOE y Sumar ha mantenido relaciones comerciales en el sector de defensa con Israel, lo que lo convierte en cómplice indirecto del genocidio. Esta actitud refleja la postura general de la UE, que ha preferido preservar sus lazos diplomáticos y económicos con Tel Aviv antes que asumir una posición firme en defensa del derecho internacional y la justicia.
La protección que Israel recibe de las grandes potencias ha hecho que estas resoluciones sean meramente simbólicas, permitiendo que la limpieza étnica en Gaza continúe ante la mirada pasiva de la comunidad internacional.
En contraposición, los movimientos sociales de todos los países del mundo se han movilizado a favor del pueblo palestino. En el último año, manifestaciones masivas han recorrido todas las capitales del planeta, estibadores de puertos se han negado a llevar armamento a Israel, las universidades occidentales han acogido acampadas por Palestina y el boicot a los productos israelíes ha ido en aumento. Pero este tiempo también ha situado ante el espejo nuestra propia incapacidad para influir sobre la geopolítica y poner fin al genocidio. Lejos de lograr avances, la respuesta de los Estados occidentales a nuestras reivindicaciones ha sido la misma en todas partes: detenciones, sanciones, deportaciones y represión. Hemos visto a activistas denunciadas por mostrar verbalmente su apoyo a la causa palestina, detenidas en manifestaciones, a espectadores multados por sacar banderas en un partido e, incluso, deportaciones o denegaciones de la nacionalidad en países como Alemania por no apoyar a Israel. El liderazgo occidental se presenta a sí mismo como gran garante de la democracia, de los derechos y las libertades, pero eso no es más que una pantomima.
Pese a ello, no pretendemos caer en la desesperanza, en pensar que no hay nada que hacer y bajar los brazos. Debemos seguir apoyando al pueblo palestino, denunciar las tropelías que comete Israel y luchar contra el colonialismo, el supremacismo y el genocidio.
Alto el fuego: respiro temporal que no aborda las cuestiones de fondo
El año 2025 comenzó de forma especialmente sangrienta, con grandes matanzas perpetradas por las fuerzas israelíes y ataques a hospitales. La noche de Reyes fue particularmente violenta. Sin embargo, el 15 de enero, Israel y Hamás consiguieron aprobar un alto el fuego (en los últimos días de la presidencia de Joe Biden en EEUU), que entró en vigor el día 19 y ha dado algo de respiro a los gazatíes.
Por desgracia, el alto el fuego no ha puesto punto final a la muerte de palestinos, ya que éstas se han seguido produciendo, tanto en Gaza como en Cisjordania, si bien a un ritmo considerablemente más lento. Además, el cese de hostilidades no aborda las cuestiones de fondo más importantes, como la ocupación y el apartheid.
“Las treguas salvan vidas y, en ese sentido, el plan es percibido con alivio, pero por el momento no dispone del contenido necesario para convertirse en permanente y definitivo, ni aborda las cuestiones fundamentales que llevan décadas perpetuando el abuso y la violencia”, escribe Olga Rodríguez. Además, “no se menciona nada sobre el futuro de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), esencial para la supervivencia de la población -a través de sus servicios educativos, sanitarios y de ayuda humanitaria- y prohibida por el Parlamento israelí a través de una resolución reciente que entra en vigor a finales de este mes. Tampoco está perfilada la posibilidad de un alto el fuego permanente”.
No tenemos muchas esperanzas de que Israel vaya a respetar por mucho tiempo el alto el fuego. Los pactos por fases nunca han llegado a la etapa final. El primer ministro Netanyahu tiene un largo historial de incumplimientos, incluido el Memorándum Wye River de 1998, por el que se comprometía a la retirada parcial de Cisjordania. Israel nunca ha cumplido los Acuerdos de Oslo de 1993 y 1995 y desde su aprobación se ha dividido Cisjordania y los asentamientos se han triplicado. Y, en Gaza, en las últimas dos décadas el Ejército israelí impulsó masacres en 2004, 2006, 2008-2009, 2011, 2014, 2018, 2019, 2021 y 2023-2025, con miles de civiles palestinos muertos. Los pactos de alto el fuego alcanzados en cada uno de esos años mencionados no sirvieron para impedir que Israel volviera a cometer las siguientes masacres.
“El que ahora ha entrado en vigor tampoco aborda el nudo gordiano. Sin el fin de la ocupación ilegal israelí, del colonialismo, del sistema de apartheid contra la población palestina y sin medidas de presión que obliguen a Israel a abandonar sus políticas de abuso y de anexión de más territorio palestino, no habrá solución duradera. Lo ocurrido a lo largo de las décadas es buena prueba de ello”, dice Olga Rodríguez.
Comienza la era Trump: “From the Riviera to the Sea”
El 20 de enero comenzó el segundo mandato de Donald Trump y una de sus primeras decisiones incluyeron revocar las sanciones – que habían sido aprobadas por Biden – a los colonos más violentos (una sanción contra quienes descaradamente cometen crímenes internacionales, es decir, una de las medidas más tibias posibles), sacar a EEUU de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (medida que fue emulada por Netanyahu unos días despues), congelar la ayuda exterior de EEUU, anunciar que deportaría a cualquier extranjero que apoyara la causa palestina y aprobar sanciones contra los fiscales y jueces del Tribunal Penal Internacional que investigan crímenes de guerra de Israel. Además, la primera visita oficial a la Casa Blanca de esta Administración fue la de Benjamin Netanyahu, el mandatario sobre el que pesa una orden de detención internacional.
Tras su encuentro con el genocida, Trump propuso en una rueda de prensa evacuar a toda la población palestina de Gaza, realojar a los palestinos en países como Egipto o Jordania y que Estados Unidos pasaría a “hacerse cargo” y “controlar” la Franja de Gaza. “Podría convertirse en la riviera de Oriente Medio”, anunció. Se desconoce cuánto estaba improvisando en tiempo real y cuánto había pactado previamente con Netanyahu, pero incluso el mandatario israelí parecía algo sorprendido. Preguntado por qué personas vivirían en la Franja, Trump respondió con un lacónico “personas del mundo”. Un alivio que descarte que vaya a estar ocupado por extraterrestres, pero preocupante que no dijera “los palestinos, por supuesto”. Es evidente que va a producirse un desplazamiento de personas indígenas – lo cual constituye, una vez más, un crimen de guerra –.
Netanyahu, por supuesto, ha respaldado el plan de Trump, afirmando que garantizará la seguridad de Israel durante generaciones y que representa una “visión revolucionaria y creativa” para la región.
La Jefa de Gabinete de Trump, Susie Wiles, mirando al presidente durante la rueda de prensa en la que anunció que EEUU asumiría el control de Gaza
Todo esto revela que el genocidio de los últimos meses no ha sido más que una fase más del plan de expulsar a la población palestina de sus hogares, de establecer un único Estado judío, blanco y colonial, en el que Estados Unidos tendrá vía libre para explotar los recursos naturales y turísticos y levantar nuevos enclaves militares. Biden no se opuso al plan y ahora Trump va a pisar el acelerador a fondo.
Y ello nos lleva a la última cuestión que queríamos abordar en este artículo: el del negocio del genocidio. “Israel amplía su ocupación ilegal a través de un sistema de apartheid”, explica Olga Rodríguez. “Con ello se garantiza una mayoría social judía sin tener que asumir como población propia a los palestinos. Además, extrae recursos naturales de las tierras que ocupa ilegalmente, en las que extiende el negocio de la construcción, del militarismo y de la alta tecnología contra civiles, con programas de inteligencia artificial para bombardear de forma masiva.
El control coercitivo y el genocidio en Palestina constituyen en sí mismos negocios lucrativos para multitud de empresas, no solo israelíes. En Gaza operan ya contratistas militares estadounidenses, que estos días se encargan de controlar el corredor Netzarim. Al igual que con la guerra de Ucrania, las grandes compañías armamentísticas subieron en los mercados bursátiles e incrementan sus beneficios.
La represión, en todas sus variantes, da salida a la economía. Trump pide a los países de la OTAN aumentar otra vez el gasto militar, y cuenta para ello con gobiernos aliados dispuestos a comprarle el argumento, así como con el apoyo del secretario general de la Alianza Atlántica.
La matanza en Gaza y el bloqueo sistemático a la entrada de ayuda han sido posibles gracias al apoyo diplomático y militar del Gobierno Biden y a la complicidad de aliados europeos, que mantienen sus relaciones con Israel y no han adoptado las medidas de presión planteadas por la Corte Internacional de Justicia y la ONU. De este modo han permitido un marco de impunidad que les resta mecanismos de defensa para exigir respeto a sus territorios.
Por todo ello la cuestión palestina se ha convertido en un caso paradigmático. Gaza y Cisjordania son laboratorios donde se prueba ver hasta dónde se puede llegar en el futuro, cuando la crisis climática provoque más escasez de recursos naturales. Es una demostración de las dinámicas de dominación”.
Este artículo ha sido escrito a partir de La Historia Oculta del Estado de Israel, de Alison Weir, La Limpieza Étnica de Palestina, de Ilan Pappe, Palestina: Cien Años de Colonialismo y Resistencia, de Rashid Khalidi y varios artículos escritos por Olga Rodríguez en eldiario.es en los meses de enero y febrero de 2025
La Protesta 