Mientras las sociedades humanas se estructuren sobre la base de la pertenencia a una u otra clase social en función del volumen de propiedades que acapares, está permitirá un puesto en el ranquin social y, consecuentemente, un volumen de poder en su ámbito para imponer la voluntad. Y es aquí donde el Estado juega un papel relevante para regularizar y garantizar que está concepción de sociedad funcione sin que en lo esencial quiebre, para ello, usurpará la voluntad decisoria del ciudadano desposeído de propiedades esenciales en el concierto social y, también, parte del fruto de su trabajo vía impuesto con la excusa del sostenimiento de servicios “esenciales” comunes, a saber, Sanidad, educación, infraestructuras, etc., servicios que la mayoría social los considera imprescindibles e indispensables, cuestión está incuestionable, aunque su funcionamiento en vez de depender del Estado deberían ser descentralizados y autogestionados, obteniendo así un funcionamiento sujeto a los intereses de los que participan, ya en grado de prestación del servicio, ya como destinatario de él. Para ello, es absolutamente imprescindible la constitución de federaciones libres de afectados donde se encause la toma de decisiones en los diferentes ámbitos.

Analizar la importancia en la sociedad actual del grado de justicia del que goza, al margen del comportamiento de los individuos que conforman la sociedad, nos lleva inevitablemente analizar a la institución y administradores de la justicia. Así, para acceder a ejercer de juzgador de los actos ajenos, es imprescindible tener la licenciatura de derecho y opositar en las diferentes plazas que se oferten, nada más, ah, también tener determinado grado de influencia en el entorno del que depende la elección.

Como se puede deducir, a nuestros juzgadores no se le pide una determinada sensibilidad ética o moral en su comportamiento y trayectoria, tampoco su elección es de carácter democrático, si no, decisión de una comisión encargada de valorar el resultado del examen en la oposición que se trate. En mi opinión, algo tan transcendental en la sociedad como impartir justicia y juzgar el comportamiento y actitudes de los demás, tendría que contar con el beneplácito del entorno al que se va a juzgar, es decir, tendría que ser elegido democráticamente y estar sometido a revocación en el caso de que una parte del entorno susceptible de ser juzgado por él lo considere no apto y alejado del sentido común. Además, la circunstancia de que la administración de Justicia y ministerio Fiscal su funcionamiento y toma de decisiones sea jerarquizado, es decir, teóricamente antidemocrático y dependiente del gobierno de turno, lo hace sospechosamente tirano al margen de corruptible.

¡¡Por una justicia democrática e independiente del poder del Estado y sujeta a revocación!!